Artículo publicado en el periódico Ideal noviembre de 2017
El problema de las nacionalidades surge, en la Modernidad, a partir de la Revolución Francesa y su
concepción “geométrica” del estado. Después de siglos de reinos patrimoniales
que se van configurando aleatoriamente según victorias y derrotas, viene el
tiempo nuevo de la ciencia. Todo debe sujetarse a razón, a la regla y el compás,
conforme la simbología masónica.
El Antiguo Régimen tenía resuelto el problema de
las nacionalidades, mediante el concepto de imperio que en último término se
heredó de Roma y antes, de los Imperios orientales.
En un imperio las nacionalidades pueden ser reinos con leyes
propias y autogobiernos.
El nacimiento que configura la Nación, forma parte de la
naturaleza y luego, la historia va creando una cultura y una manera de ver el
mundo en los integrantes de cada nación.
El Estado es otra cosa. Es producto de la historia y no de
la naturaleza. Es un resultado de circunstancias históricas generadas por la
necesidad. En este contexto, lo lógico es que en todo Imperio convivan varias
nacionalidades.
En la Europa del siglo XX el imperio alemán o el austrohúngaro
se gobernaron según este modelo. La Rusia zarista, también se estructuró así,
lo mismo que la Unión Soviética que tenía
una Cámara de Nacionalidades.
Eso no significa que las naciones no luchasen por su
independencia de los estados respectivos: Irlanda, Serbia, etc., especialmente,
en el Imperio austrohúngaro, aunque no en Alemania donde los “laänder” son
estados federados, producto más bien, de la historia que de unas elecciones.
En la
España de los Austria, no existía una
centralización de este tipo. Sino que los Reyes necesitaban el voto de las
Cortes para aprobar su presupuesto.
En el siglo XVI, el señorío de Vizcaya estaba inserto en la
corona de Castilla y el Condado de Barcelona -mucho más tarde, Principado de
Cataluña- pertenecía a la Corona de Aragón. Navarra era un reino independiente
que asumió Castilla, por enlaces matrimoniales.
Se explica, en este
marco histórico, el conflicto de interpretaciones que emerge, a la muerte de
Carlos II, en la Guerra de Sucesión. En efecto, no se trataba de una secesión
de Cataluña sino de una disputa dinástica entre los Austria y los Borbones que
aspiraban a la Corona de España.
La Corona de Aragón a
la que pertenecía Cataluña optó por el partido de los Austria frente a los Borbones.
Bajo esa aparente
disputa sucesoria había un motivo de fondo añadido: Los Borbones suprimirían
los fueros y seguirían el modelo centralizado francés. Aquí “el fuero tenía más
importancia que el huevo”. Los catalanes, como el resto de los partidarios del
Archiduque Carlos, deseaban volver a la España de los Austria. No había más
intención.
Un siglo después, la Guerra de la Independencia, lo volvió
todo del revés.
Esta contienda mantuvo el equívoco. Todos luchaban contra
las tropas revolucionarias de Napoleón, pero, entre bastidores, unos lo hacían
para restablecer los fueros y otros para elaborar una Constitución.
Tras la muerte de Fernando VII, los carlistas seguían luchando por el Antiguo
Régimen, por sus fueros. En Galicia, el País Vasco-Navarra y Cataluña se hicieron
fuertes, justamente, dónde hoy, se mantienen corrientes independentistas.
En la actual
situación, la única vía legal para una posible secesión sería la reforma de la
constitución española de 1978.
La Generalidad de Cataluña, cuyos argumentos jurídicamente no se sostienen,
sin embargo tiene un firme apoyo en lo que antes se llamaba el derecho natural
y modernamente, el derecho de autodeterminación.
El Pueblo tiene derecho a elegir su
destino y a constituirse conforme a la libre opción de sus ciudadanos. Ese
derecho tiene un carácter más bien filosófico. Las grandes potencias no están
dispuestas a consentir su cumplimiento. Es de prever cómo Turquía resolverá la
independencia del Kurdistán.
El caso de Escocia es bien distinto porque la Gran Bretaña no se rige
por una constitución liberal votada por el pueblo sino por la tradición que los
ciudadanos asumen como propia. El caso de Quebec es idéntico. En realidad, la Commonwealth
es un imperio en donde la autonomía de los territorios que lo componen está
asegurada por la Corona
En el caso de Cataluña, la dificultad se debe a nuestra Constitución. Tenemos una Constitución cuyo espíritu es el
del liberalismo del siglo XIX y más concretamente de la restauración canovista
que fue posible gracias a Alfonso XII y al final de las guerras carlistas que
defendían la estructura del antiguo régimen.
La independencia de Cataluña
no afecta sólo a los ciudadanos catalanes sino a todos los españoles.
Estamos pues ante un conflicto de interpretaciones que en el
terreno jurídico no tienen la misma jerarquía y valor.
El Estado español además, tiene el deber ineludible de
defender los derechos y recabar los deberes de todos los ciudadanos españoles
que están en España o en el extranjero y por supuesto en Cataluña.
Como siempre el sistema educativo y lingüístico es el que ha
distanciado cada vez más a Cataluña de España. Se ha impuesto, en el marco del
estatuto de Autonomía, estando éste subordinado a la Constitución Española.
Desde hace décadas se ha “puenteado” la Constitución, mientras los gobiernos
por la conveniencia de circunstancias contingentes, se han puesto siempre de
perfil.
Ahora, nos pasan factura.
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