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domingo, 4 de junio de 2023

Coordinación y bien común

 Artículo publicado en el periódico Ideal, junio 2023


El hecho de que los políticos se acuerden de los problemas del

ciudadano, días antes de las elecciones, subraya el olvido de sus

programas y la convicción de que los ciudadanos padecen de una

amnesia profunda.

No ocurre siempre así. Cuando un alcalde es honrado y cumplidor, suele

ser reelegido periódicamente.





En un ayuntamiento y en una Comunidad el fin de los candidatos es la

búsqueda del bien común. En la medida que quiero el bien de mi pueblo,

tengo que pactar con mi vecino.

Las Comunidades si quieren el bien común de la suya, tienen que pactar

con las vecinas.

La cuestión del agua, por ejemplo, es un agudo problema mundial. Como

ocurre con los alimentos que sobran y se desperdician, por falta de visión

y organización política.

En España hay mucha agua a repartir, pero se devuelve al mar sin

conciencia. Lo mismo ocurre con la vivienda en donde el actual estado de

cosas propicia que no se construyan viviendas públicas y pocas

privadas, haciendo que el acceso a la propiedad y el acceso al alquiler

cada vez estén más lejos de las posibilidades de jóvenes y no tan

jóvenes. Así se explica el descenso de la natalidad.



                                                    Natalidad-mortalidad en Granada

Cabe responsabilizar de muchas de estas frustraciones a la actual

estructura del estado autonómico donde las instituciones autonómicas

culpan a las centrales y éstas devuelven la pelota a aquellas.

Con la actual estructura cabría acuerdos si hubiera coordinación y buena

fe. El bien común puede ser incompatible con la política de partidos.

En este país los partidos políticos tienen votantes fijos que votan a los

suyos como si se tratase de religiones. A esto se debe el recurso a la

memoria histórica de la que pocos se acuerdan y de que la mayoría no

quiere acordarse.

Si hay un problema, se desentierra un muerto. Si vienen mal dadas, se

recuerdan las tapias del cementerio donde cayeron tantos inocentes. Se

olvida que hay muchas tapias en este territorio.

Hay pactos ideológicos que no tienen que ver con el bien común sino con

la confrontación y el “guerra civilismo”. No son justos porque dan el

poder a coaliciones que no han sido votadas sino formadas a posteriori.

Se alude también a la profesionalidad de los políticos, pues muchos

incapaces, presumen de que cualquiera puede ser ministro o secretario

de Estado.

Sería deseable que los políticos en vez de licenciarse en cabildeos de

partido, tuvieran algunos años de trayectoria profesional, aunque fuera de

albañiles o de autónomos porque a veces se comportan con la falta de

seriedad de quien no sabe lo que es trabajar.

Con la globalización, ocurre que los asuntos más cercanos y simples

vienen condicionados por la Unión Europea, por el G 7 o el Foro de Davos




o por las multinacionales. Esto explica que se vacíen las zonas rurales,

los granjeros sacrifiquen sus vacas o los agricultores conviertan las

cosechas en biocombustible sin olvidar que las energías renovables y el

abandono de combustibles fósiles vienen determinados por Bruselas.

En esta línea, nuestros municipios debieran pensar en estrategias de

cooperación entre sí para facilitar la atención a los mayores en materia de

sanidad, de acceso a la banca y de servicios compartidos.

En muchas de las necesidades locales se ve la exigencia de coordinación

y de voluntad de ejecutar los fondos europeos sin prejuicios de partido.

El bien común es el conjunto de derechos y de deberes que hay que

coordinar, respetando los derechos fundamentales y los deberes

correlativos sin lo cual la democracia se desliza hacia la demagogia,

nombre griego de la anarquía.

jueves, 30 de marzo de 2023

Revolución por la vida

 Artículo publicado por el periódico Ideal, marzo de 2023


En muy pocos meses hemos evidenciado una catarata de Decretos-Leyes

que han cambiado, en muchos casos, la Constitución y el panorama jurídico

español.



No se respeta la Constitución cuando, cambiando las reglas del juego, se

introducen magistrados progresistas que virtualmente rechazarán todos los

recursos de inconstitucionalidad contrarios a la política del Gobierno.

Este conflicto entre la Judicatura y el Ejecutivo a lo que se suma la

paralización de la actividad judicial por la huelga de Letrados, nos lleva a una

situación de suma gravedad que unida al malestar social, precisamente

resultante de aquella legislación, virtualmente anticonstitucional, podría llevar al

Gobierno a declarar un estado de excepción y un posible aplazamiento de las

elecciones.

El contexto en el que nos movemos, prescindiendo de los aspectos

económicos y geopolíticos que, de suyo, son tan graves, puede enumerarse,

en estas instantáneas:

  • La caída de la natalidad
  • El aumento de abortos
  • La propensión a sostener la Seguridad Social liquidando a los enfermos
  • terminales
  • La decidida política de suprimir discapacitados, mostrando los pocos
  • supervivientes como modelos de cuidados y atención
  • La sustitución de la familia por modelos convencionales
  • Privilegiar la diferencia por encima de la familia, célula de la sociedad.
  • La ausencia de una política natalista
  • La indiferencia ante los cuidados paliativos
  • El hecho de la desestructuración de una, de cada dos familias
  • La promoción de una educación sexual sin el menor respeto a los niños y a su
  • intimidad
  • La sustitución de la moral por la política
  • El freno a la patria potestad

  • El mal ejemplo público de algunos políticos
  • La magnificación de los abusos en la Iglesia y el silencio sobre abusos en otros
  • colectivos
  • La legislación para la parte, olvidando al todo
  • El acoso a los principios generales del derecho
  • La inversión de los derechos humanos.

Esta degradación de la vida política va en detrimento de la salud pública en el

sentido que daban los romanos a este término.

El hervidero de anomalías salta a la calle en forma de mala educación,

violencias, prostitución en las Instituciones de Protección de menores.

Arreglar este desbarajuste depende del sentido que una parte de la sociedad.

española tiene de la moral y de la vida, o sea del bien y la felicidad.

Es cierto que no se puede pedir a los políticos y a éstos en especial, que se

comporten como modelos de moralidad, pero hay ciertas formas de

comportamiento que no tiene que ver con la moral burguesa y su moralina sino

con aspectos elementales de la vida común a todos los países y culturas.

La idea de que la libertad consiste en hacer lo que a cualquiera se le ocurre

en cualquier momento, es incompatible con la convivencia y a veces, con la

higiene.

Si enseñamos en las escuelas los mil modos del juego sexual como si fuera

un entretenimiento, estamos minando en su fuente el valor personal de la

sexualidad que necesita para no ser destructivo, de un contexto de vínculos y

compromisos.

Si además los gobiernos hacen la vista gorda a los vicios propios y afinan la

lupa para los del bando opuesto, estamos muy lejos del Estado de Derecho.

Una revolución por la vida empieza por el sentido del pudor, de la vergüenza y

muy cerca de la corrupción sistémica e institucional.

Los talleres de educación sexual en donde las grandes teorías consisten en

educar la buena praxis en la masturbación, el empleo del preservativo y la

vaselina, llueven sobre mojado y cargan el presupuesto.

domingo, 19 de febrero de 2023

El derecho al crimen

Artículo publicado en el periódico Ideal , 18 de febrero de 2023


El progreso tecnológico crea la falsa convicción de que el cambio

siempre es evolución hacia lo mejor.

El liberalismo introdujo la idea de que cuando el mercado se

desequilibra hay una “mano invisible” que la recompone. La izquierda

del presente, de la que no encuentro nombre definido, piensa

igualmente que el progreso es imparable por el poder legiferante de las

masas que es la mano invisible que cuando la reacción ocupa el poder,

acaba volviendo al orden dinámico en el que todo irá a mejor.

El caso es que en pocos meses se ha ejecutado una reforma de la

Constitución de 1978 por el procedimiento de cambiar el significado de

los términos, la intención con que los legisladores los emplearon y

cambiando las reglas del juego para la designación de los jueces que

debían garantizarlos.

Deprisa, a galope, por las bravas y con la mayoría de diputados que

representan a una minoría de electores.

Esa cascada de leyes revolucionarias, han sido elaboradas por

juristas y algunas de ellas, asombrosamente antijurídicas.

La razón de estos productos de la máquina dominante es su

concepción ética y jurídica.

Hay dos sistemas jurídicos predominantes desde el siglo XIX: el

anglosajón y el positivista liberal derivado de la Revolución Francesa.

El primero hace prevalecer la costumbre y el precedente judicial, el

segundo que es el nuestro, parte del principio de legalidad. Se da una

pirámide normativa en la que las leyes y decretos se jerarquizan por su

importancia desde la Ley de leyes que es la Constitución hasta las

leyes orgánicas, las ordinarias, los decretos, los reglamentos, etc.

Con el sistema anglosajón no se ha dado hasta hoy ningún régimen

totalitario, con el sistema que se rige por el principio de legalidad, se

han dado muchos.

Kelsen lo explicó muy bien: Los jueces se limitan a cumplir las

leyes que el Legislativo aprueba en las Cámaras y las Cámaras no

tienen ningún límite para legislar siempre dentro de la Constitución.

Si el Tribunal Constitucional interpreta la letra de la Constitución

desde el espíritu del consenso y no desde lo que dice nuestra Ley de

Leyes, entonces cualquier ley puede contener cualquier desafuero

“debidamente” interpretado.

De la noche a la mañana lo blanco significa negro y lo negro blanco.

En estas condiciones la pirámide normativa permanece inmutable

porque sean las leyes, decretos y reglamentos de cualquier color, los

jueces las aplica pundonorosamente.

Para consuelo de tontos este problema se extiende por Europa y

América. No se extiende por los países totalitarios que también

respetan la pirámide normativa cuyo contenido decide el Partido.


Es la concepción misma del Derecho lo que está en juego y la

transformación de la conciencia social sobre la que se apoya.

Del mismo modo que la Ilustración y su fervor científico

transformaron la opinión pública, en nuestro tiempo, los medios de

comunicación, las series televisivas las leyes educativas y esa

obsesión legiferante por regular los menores detalles de la vida en

nombre de la democracia, hacen posible que el derecho a la vida se

subordine al derecho a la muerte.

Si la Constitución se nutre del Derecho Natural y éste se da por

arrumbado, lo “lógico” es que se interpreten las leyes según la

voluntad política de los que las hacen.



¿Por qué un perro merece más atención que un niño? ¿Por qué los

valores de la Unión Europea se han invertido desde la Declaración de

1948? ¿Por qué se registra a los objetores de conciencia?

Si la madre embarazada no quiere a su hijo, el problema lo debiera

tener la madre, no el hijo.