Estado hasta en la sopa

Artículo publicado en el periódico Ideal de Granada, 4 de noviembre de 2018 

El ideal del estado totalitario de cualquier tendencia, es conocer y controlar a las personas en la intimidad de sus vidas.
No les falta razón puesto que la intimidad que es lo más sagrado de la persona es inviolable, como reconocen todas las Constituciones que en el mundo han sido.
Intimidad y privacidad no son lo mismo porque ésta última puede ser legislada y lo es en las redes con buen acuerdo. La intimidad es anterior a las leyes y a todo tipo de reglamentaciones.

A pesar de ello,  el Estado totalitario ha intentado violarla mediante herramientas físicas y psicológicas. Especialmente por la inmersión ideológica en las escuelas y en los medios.
La discriminación, el acoso, el mobbing o el bullying no se hace en las escuelas sino en todas partes porque la disidencia no se tolera fácilmente.

Cuando es el aparato del Estado el que se propone entrar violentamente en la intimidad de las personas o de las familias, siempre lo hace fundamentando su acción criminal en una causa justa: la justicia socialista, la pureza de raza, el supremacismo machista o feminista o la protección de los débiles y de los niños.

Hay dos  principios entre otros que en este país se tambalean: el principio de autoridad y la institución familiar.

El principio de autoridad es recibido en general e interpretado como acatamiento a la legalidad, poniendo entre paréntesis la personal convicción de su inmoralidad. Así, muchas autoridades prometen aquello en lo que no creen “por imperativo legal”, dejando a un lado la legitimidad, moralidad, etc.
En la época de los Descubrimientos y una vez establecidos por los Reyes los virreinatos de Nueva España y Nueva Castilla, se hizo problemático el hacer cumplir las leyes que emanaban de la península en tierras tan lejanas. Las leyes de Indias por ejemplo “se acataban pero no se obedecían”. Una característica muy española es la de guardar las formas y luego, hacer la “real gana”, ahora que ni los reyes la tienen.

Una Comisión de expertos y representantes de varios ministerios está elaborando un borrador de Ley de protección de los menores y del niño que corre el riesgo de dar un paso más en la internalización de las ideologías hegemónicas. Se trata de evitar que los niños y niñas sufran maltrato, psicológico, emocional o físico por parte especialmente de sus padres y de los miembros de su familia. Cualquier situación que pueda interferir en el libre desarrollo del niño, puede convertirse en delito.

Cualquiera puede denunciar a cualquier padre o madre de familia por maltrato emocional, previa subjetiva y arbitraria interpretación personal. La vida familiar bastante judicializada ya, establece la presunción de sospecha, inclinando la carga de la prueba al que dio el primer cachete.

Hay ejemplos históricos ejemplares. Rousseau que pasa por ser romántico, iba colocando a sus hijos en orfelinatos, a medida que iban naciendo. Su argumento estaba tomado de la República de Platón. Los niños los debe educar el Estado.Son casos puntuales, cierto, pero modélicos porque han servido para intentar justificar la ingeniería social de los países totalitarios. Todos recordamos la política de Ceaucescu en Rumania con los huérfanos que las guerras o él mismo había contribuido a crear.

Calvino en la república que creó en Ginebra, obligaba a los hijos a denunciar a sus padres sin eran fieles cumplidores de la Ley de Dios. Estableció una policía especial para el caso.
El Estado, tal como lo conocemos es un producto histórico, en parte natural, en parte convencional y que es gobernado por aquellos representantes que el pueblo designa en unas elecciones libres.

La línea histórica la representa el Rey que reina pero no gobierna, la parte natural, los individuos  que nacen en familias en su mayor parte y el lado convencional viene dada por la Constitución que no es eterna como es de rigor.

Los Derechos Humanos  son de tipo natural y las Constituciones lo único que hacen es reconocerlos. Así la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Individuales  de 1948,  lo establece.

La educación de los hijos pertenece a los padres y en su defecto al Estado.
En principio-y es triste que se haya llegado a esto, los padres tienen derecho a la presunción de inocencia.
Quién por instinto natural, quiere más a los hijos, son los padres y lo contrario, son excepciones que subrayan la  ausencia de lo que debe ser.
¿Se puede llegar a discutir en el Parlamento quien quiere más a los niños si el Estado o sus padres?.

Es cierto que un país está formado por dos clases de familias las que se sienten infelices y las que son felices. Si una Comisión de expertos está compuesta por hijos de familias infelices, podemos temer. Siempre habrá gentes que aunque hijos de familias felices se dejen presionar por la ideología dominante.

Este tipo de intentos legislativos obedecen a razones electorales aunque conociendo el talante de las Cámaras, tal vez pudieran aprobarse.

Un Gobierno no elegido por las urnas, aunque legal, del que en tres meses han dimitido dos ministros y medio, ¿se puede atrever a introducirse en la intimidad de los hogares?
Si fueran mentirosos compulsivos, plagiarios o evasores fiscales, sería de temer.