Artículo publicado en el periódico Ideal, agosto 2026
Desde el punto de vista de la eficiencia política, el poder encuentra
en los jueces un supervisor que controla al Ejecutivo con la Ley y la Ley
con la Constitución.
Si por eficacia entendemos la rápida ejecución de los Proyectos
gubernativos sin límite en las Leyes y/o en la Judicatura, el problema
entonces es de definición: saber qué es una democracia.
En la Historia política de la Humanidad ha habido de todo, pero una
democracia que no tenga que rendir cuentas y con la intención de
permanecer así indefinidamente, siempre se ha denominado con el
nombre de dictadura y en Grecia de tiranía.
Hay formas de democracia directa que todos conocemos: la
comunidad de vecinos y el régimen asambleario en el que ya no se trata
de propietarios sino de ciudadanos sin oficio ni beneficio y que debiera
funcionar como la seda.
Cuando no hay oficio ni beneficio emerge la serpiente del liderazgo,
de acaparar la atención, de ser el más listo o el más hábil o el que tiene la
capacidad de tener millones de visitantes en su web.
El régimen asambleario tiene vida en la calle donde no se juega nada,
pero en cuanto se constituye en partido, deriva a la dictadura o a ser
títeres del poder.
Esto de la política no es para el común de los mortales sino para unas
minorías con muchas virtudes y muchas habilidades.
Por eso se ha inventado la representación, en donde los mandatarios
no son los que mandan sino unos mandados que tienen como oficio
comandar conviviendo con los demás representantes.
El enigma de la representación permite entender tantos garbanzos
cociéndose en el mismo puchero y lejos de los representados que sólo
huelen el cocido en pequeñas dosis por los medios y las redes.
La representación es un intermediario entre los votantes y el poder
que resulte al final del proceso electoral. Tienen la obligación de llevar la
voluntad del que le ha votado al Parlamento.
Esa voluntad, lógicamente, no es la voluntad concreta de cada
individuo sino la genérica que representa el programa del partido al que el
representante pertenece.
En nuestro sistema, manifiestamente mejorable, el ideario del partido
lo interpreta el jefe de partido y todos los representantes votan
ciegamente lo que su jefe les ordena.
Entre la conciencia del líder y las conciencias de los millones de
electores sólo puede haber, de facto, una comunicación. Se le deja al jefe
la total libertad y se reserva cada cuatro años, el poder de sustituirlo.
La coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, las listas de
candidatos las aprueba el Partido cuyo jefe será el del Gobierno o el de la
Oposición, en su caso. Por tanto, el Legislativo depende del Ejecutivo y
de las combinaciones más o menos aberrantes que éste haga con las
minorías y que no recaba la aprobación de los representados.
Sin embargo, la Judicatura es un Cuerpo de profesionales de lenta
formación y que escapa de la elección, a veces, en favor del mérito y del
escalafón.
En este sentido, el Poder Judicial, constantemente amenazado de
politización, es el único órgano del Estado que se rige por las Leyes que
él no ha elaborado y que guarda distancia con los intereses del mercado,
en el que, ni profesional, ni jurisdiccionalmente puede entrar.
Los Tribunales, están fuera de la lucha de partidos y pueden
mantenerse más libres de los intereses particulares.
No son elegidos democráticamente, precisamente, para que los que sí
son elegidos por el pueblo, no acaben representándose a sí mismos.
