Una democracia sin jueces

 Artículo publicado en el periódico Ideal, agosto 2026

Desde el punto de vista de la eficiencia política, el poder encuentra

en los jueces un supervisor que controla al Ejecutivo con la Ley y la Ley

con la Constitución.

Si por eficacia entendemos la rápida ejecución de los Proyectos

gubernativos sin límite en las Leyes y/o en la Judicatura, el problema

entonces es de definición: saber qué es una democracia.

En la Historia política de la Humanidad ha habido de todo, pero una

democracia que no tenga que rendir cuentas y con la intención de

permanecer así indefinidamente, siempre se ha denominado con el

nombre de dictadura y en Grecia de tiranía.

Hay formas de democracia directa que todos conocemos: la

comunidad de vecinos y el régimen asambleario en el que ya no se trata

de propietarios sino de ciudadanos sin oficio ni beneficio y que debiera

funcionar como la seda.

Cuando no hay oficio ni beneficio emerge la serpiente del liderazgo,

de acaparar la atención, de ser el más listo o el más hábil o el que tiene la

capacidad de tener millones de visitantes en su web.

El régimen asambleario tiene vida en la calle donde no se juega nada,

pero en cuanto se constituye en partido, deriva a la dictadura o a ser

títeres del poder.

Esto de la política no es para el común de los mortales sino para unas

minorías con muchas virtudes y muchas habilidades.

Por eso se ha inventado la representación, en donde los mandatarios

no son los que mandan sino unos mandados que tienen como oficio

comandar conviviendo con los demás representantes.

El enigma de la representación permite entender tantos garbanzos

cociéndose en el mismo puchero y lejos de los representados que sólo

huelen el cocido en pequeñas dosis por los medios y las redes.

La representación es un intermediario entre los votantes y el poder

que resulte al final del proceso electoral. Tienen la obligación de llevar la

voluntad del que le ha votado al Parlamento.

Esa voluntad, lógicamente, no es la voluntad concreta de cada

individuo sino la genérica que representa el programa del partido al que el

representante pertenece.

En nuestro sistema, manifiestamente mejorable, el ideario del partido

lo interpreta el jefe de partido y todos los representantes votan

ciegamente lo que su jefe les ordena.

Entre la conciencia del líder y las conciencias de los millones de

electores sólo puede haber, de facto, una comunicación. Se le deja al jefe

la total libertad y se reserva cada cuatro años, el poder de sustituirlo.

La coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo, las listas de

candidatos las aprueba el Partido cuyo jefe será el del Gobierno o el de la

Oposición, en su caso. Por tanto, el Legislativo depende del Ejecutivo y

de las combinaciones más o menos aberrantes que éste haga con las

minorías y que no recaba la aprobación de los representados.

Sin embargo, la Judicatura es un Cuerpo de profesionales de lenta

formación y que escapa de la elección, a veces, en favor del mérito y del

escalafón.

En este sentido, el Poder Judicial, constantemente amenazado de

politización, es el único órgano del Estado que se rige por las Leyes que

él no ha elaborado y que guarda distancia con los intereses del mercado,

en el que, ni profesional, ni jurisdiccionalmente puede entrar.

Los Tribunales, están fuera de la lucha de partidos y pueden

mantenerse más libres de los intereses particulares.

No son elegidos democráticamente, precisamente, para que los que sí

son elegidos por el pueblo, no acaben representándose a sí mismos.