La expropiación de la voluntad popular

 Artículo publicado en el periódico Ideal, julio 2021

La utilidad pública, como es sabido, tiene la finalidad específica de justificar toda expropiación. Ha sido el Gobierno corresponsable con su Presidente, el que ha puesto sobre la mesa, la razón explícita de los indultos por el “procés”.

Otro argumento que se maneja desde hace años es que las palabras no tienen repercusión jurídica y solamente la tienen, los hechos.

La concesión de un indulto, es ciertamente un hecho y tendrá repercusiones.

El error capital de esta política, es que los indultos expropian la voluntad popular, expresada explícitamente en la legalidad vigente. Se pretende resolver por vía política, un problema constitucional.

Es tal el salto de nivel que va de lo administrativo a lo constitucional como lo que va de una multa a un golpe de estado.

La formalización jurídica como Real Decreto-Ley, supongo que “por motivos de urgencia”, es el modo en que la voluntad gubernamental, compromete al Rey y a las Cortes que deben convalidar ese Decreto.

¿Puede asegurar alguien que la voluntad popular va a adherirse a unas Cortes cuya decisión no se corresponde con la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos?

Pedro Sánchez, como jefe de Gobierno, que no de Estado, es la cabeza del Ejecutivo y no puede ni legislar ni juzgar. Por eso él no puede, propiamente hablando, nombrar diputados ni jueces ni tampoco, por un acto administrativo autorizar un referendum que rompa la soberanía popular y segregue una porción del territorio.

El Sr. Ábalos, Ministro de Transportes, con esa rigidez facial que le caracteriza, ha señalado que “si lo vuelven a hacer en los próximos seis años, la respuesta será contundente”. ¿Significa que se cuenta con una larga legislatura?

 La patronal, los obispos catalanes y el Gobierno social-comunista son, según parece, uno y lo mismo, lo que admiraría a la Pasionaria y a Federica Montseny.

La expropiación alcanza a todos los españoles y a todos los catalanes que portadores de pasaporte español, ejercen como tales. Les afecta porque mediante una voluntad política particular, se les puede sustraer su derecho inalienable a exigir el cumplimiento de la Constitución y a ser consultado sobre su virtual reforma.

Son todos los españoles, incluidos los catalanes, los que tienen derecho a opinar y a manifestar en las urnas qué piensan de esa fractura de la unidad soberana del territorio.

La voluntad de uno solo pasa por encima del Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y la única razón que permite este antijurídico es el hecho de que una ínfima minoría parlamentaria sea suficiente para sostener o remover este Gobierno.

Son los poderes fácticos los que contienen la caída de un Gobierno que con todos los agravantes de premeditación y alevosía legisle sistemáticamente por Decretos-Ley, y a escondidas, normas ideológicas de gran calado, aprobadas con celeridad por un parlamento fragmentado.

Esa legislación que afecta a la vida, a la moral de los niños, a la libertad de enseñanza, a la vida de los ancianos y al sexo de los ángeles, no pasarían con éxito, un referendum popular.

Mientras tanto, los asuntos que se suponen que son, históricamente, aquellos que dieron lugar a la fundación del PSOE que se centran en la promoción de los trabajadores y de su nivel de vida, quedan sumidos en la oscuridad y el abandono.

Nunca estuvieron tan bajos, la renta per cápita, el paro, especialmente el juvenil. Nunca la insuficiencia sanitaria fue tan manifiesta sobre todo en los Centros de Salud de atención primaria.

 Nunca jamás España tuvo un Gobierno con 23 Ministerios y nunca tantos ministros estuvieron al margen de la “gobernanza”.